¿CHANTAS O COBARDES?
Cuando se debatió en el Congreso de la Nación la reforma al Consejo de la Magistratura, desde los distintos sectores de la oposición se hicieron críticas duras; muchos discursos y algunas fotos. Se criticó, en abstracto, a una reforma que le devolvería al poder político una mayor ingerencia en la designación y remoción de los jueces. Primera premisa.
Sin embargo, antes de la existencia del referido Consejo, introducido en la reforma constitucional de 1994, luego de un acuerdo entre el entonces Presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, era exclusivamente el poder político el encargado de la designación y remoción por juicio político de los jueces de la Nación.
Uno se pregunta, frente al debate que generó la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, varias cosas.
La primera pregunta se refería a los distintos grados de independencia del Poder Judicial, antes y después de la existencia del Consejo de la Magistratura; es decir, con absoluta ingerencia del poder político (Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación) o con mayor contrapeso por parte de las corporaciones judicial y de abogados. Independientemente de la pésima performance del Consejo de esos tiempos, que trabajó poco y mal, cobrando mucho y bien, la respuesta es que la independencia no fue precisamente un punto fuerte durante el período 1994-2006. Es más, pareciera que a la dependencia del poder político se sumó la dependencia de los jueces a las otras dos corporaciones, siendo la más grave la relacionada con los abogados, quienes elegían a sus representantes a través del aparato aceitado del Colegio Público, apoyado por el poder político de turno y con el voto de los grandes estudios jurídicos, por lo general representantes de grandes empresas con mucho poder económico. Siniestro. Gracias Raúl. Gracias Saúl.
Es segundo interrogante entonces, es saber si devolverle la decisión al poder político, votado por la gente aunque con voluntad bastante viciada, puede retrotraer la cuestión, al menos a la no perfecta situación anterior a 1994. Y la verdad, amigos resistentes, es que la respuesta es no. Pero la razón, a mi juicio, no es por devolverle mayor intromisión al poder político. La causa es otra. Antes del 1994, mal o bien, el sistema preveía otro equilibrio que hoy ya no existe: el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No era fácil para un Presidente obtener el acuerdo del Senado para la designación o remoción de jueces. Aún con muchos vicios, es cierto, los Senadores traían al acuerdo la vocación de fortalecer la situación de las Provincia a las cuales representaban y no el miserable papel de los legisladores actuales, que sólo representan al ñato que los pone con el dedo en la lista para renovar su devaluada representatividad. Este es el núcleo del problema existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La república, en su aspecto relacionado con la división de poderes, es un juego de equilibrio y contrapeso entre tres. Actualmente el Poder Legislativo, por la obsecuencia de quienes defienden al oficialismo y por la falta de convicción de quienes se le oponen, está regalado a la voluntad del Presidente de la Nación.
En cualquier circunstancia, sea cual fuere el sistema elegido, hay que partir de esa realidad descripta. Estamos frente a un poder quebrado, que es el Legislativo.
Ello sin perjuicio de que ha dejado mucho que desear la actuación del mismo Poder Judicial, que se la pasan consultando cómo deben fallar para que el Presidente no se enoje y que dejaron avanzar tanto a los otros poderes que ahora ya no los pueden frenar. Sí, frenar. El Presidente Kirchner se ofende cuando algunos jueces –muy pocos- le paran, a veces, un poco el carro. Dice, impunemente, que el otro Poder, parte de la República igual que él, es una corporación. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad? ¿O no podría decir el Poder Judicial que el Poder Ejecutivo, de la mano de una infinidad de negocios privados controlados -si no adueñados-, o el Poder Legislativo, cerrado hacia adentro hace 30 años, no son una verdadera corporación?. Pero no es el caso. La idea, precisamente, es que un poder contrapese (frene) el avance de alguno de los otros dos.
En fin, lo cierto es que hoy estamos no ya ante una caso abstracto, de discusión de gabinete, si no frente a una conducta concreta que explicita, saca a la luz del día las intenciones que se tuvieron antes y después de la reforma del Consejo, antes y después de la reforma Constitucional de 1994. Esto es, la eterna vocación del Ejecutivo Nacional a controlar a los jueces. Hablo, por supuesto, de la intromisión del Presidente en el caso de la Cámara de Casación, discurso público mediante, seguido de la obra máxima del terror que fueron las declaraciones obsecuentes y sobre actuadas de algunos consejeros y ministros de bigote profuso.
Antes de avanzar, quiero repetir un concepto. Independientemente del sistema elegido, haya o no haya Consejo de la Magistratura, sea cual fuera su composición, la independencia de los jueces no depende de ello, sino de los jueces por un lado y, por el otro, del grado de sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
Avanzo entonces. Si esto es así, ¿cómo es posible que la oposición haga tanto escándalo cuando se reforma el Consejo, situación que es indiferente respecto de la independencia judicial, y se CALLE CRIMINALMENTE la boca ante un caso concreto y palmario de intromisión del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial? ¿Es que acaso sólo les importan las formas y cuando la realidad se muestra no dicen NADA? ¿Dónde está el candidato a Presidente Lavagna hablando de esta barbaridad anti-republicana? ¿O es que él hubiera echo lo mismo? Bueno, pensándolo bien, el hombre está digitado nada menos que por el inefable Alfonsín, ya nombrado en este humilde repertorio de ideas livianas.
Aún suponiendo que la oposición hubiera tenido razón en su debate por el Consejo de la Magistratura, ¿cómo no cobran ahora lo que facturaron hace meses? ¿En qué cama están durmiendo, por Dios?.
Compañeros de lucha empecinada, sepan que la única reacción va a venir de nosotros, con unidad, con solidaridad y con organización, como decía un tal Juan Domingo Perón. De estos tarambanas no esperemos mucho.
Un abrazo resistente.
EL EMPECINADO
Cuando se debatió en el Congreso de la Nación la reforma al Consejo de la Magistratura, desde los distintos sectores de la oposición se hicieron críticas duras; muchos discursos y algunas fotos. Se criticó, en abstracto, a una reforma que le devolvería al poder político una mayor ingerencia en la designación y remoción de los jueces. Primera premisa.
Sin embargo, antes de la existencia del referido Consejo, introducido en la reforma constitucional de 1994, luego de un acuerdo entre el entonces Presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín, era exclusivamente el poder político el encargado de la designación y remoción por juicio político de los jueces de la Nación.
Uno se pregunta, frente al debate que generó la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, varias cosas.
La primera pregunta se refería a los distintos grados de independencia del Poder Judicial, antes y después de la existencia del Consejo de la Magistratura; es decir, con absoluta ingerencia del poder político (Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación) o con mayor contrapeso por parte de las corporaciones judicial y de abogados. Independientemente de la pésima performance del Consejo de esos tiempos, que trabajó poco y mal, cobrando mucho y bien, la respuesta es que la independencia no fue precisamente un punto fuerte durante el período 1994-2006. Es más, pareciera que a la dependencia del poder político se sumó la dependencia de los jueces a las otras dos corporaciones, siendo la más grave la relacionada con los abogados, quienes elegían a sus representantes a través del aparato aceitado del Colegio Público, apoyado por el poder político de turno y con el voto de los grandes estudios jurídicos, por lo general representantes de grandes empresas con mucho poder económico. Siniestro. Gracias Raúl. Gracias Saúl.
Es segundo interrogante entonces, es saber si devolverle la decisión al poder político, votado por la gente aunque con voluntad bastante viciada, puede retrotraer la cuestión, al menos a la no perfecta situación anterior a 1994. Y la verdad, amigos resistentes, es que la respuesta es no. Pero la razón, a mi juicio, no es por devolverle mayor intromisión al poder político. La causa es otra. Antes del 1994, mal o bien, el sistema preveía otro equilibrio que hoy ya no existe: el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No era fácil para un Presidente obtener el acuerdo del Senado para la designación o remoción de jueces. Aún con muchos vicios, es cierto, los Senadores traían al acuerdo la vocación de fortalecer la situación de las Provincia a las cuales representaban y no el miserable papel de los legisladores actuales, que sólo representan al ñato que los pone con el dedo en la lista para renovar su devaluada representatividad. Este es el núcleo del problema existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La república, en su aspecto relacionado con la división de poderes, es un juego de equilibrio y contrapeso entre tres. Actualmente el Poder Legislativo, por la obsecuencia de quienes defienden al oficialismo y por la falta de convicción de quienes se le oponen, está regalado a la voluntad del Presidente de la Nación.
En cualquier circunstancia, sea cual fuere el sistema elegido, hay que partir de esa realidad descripta. Estamos frente a un poder quebrado, que es el Legislativo.
Ello sin perjuicio de que ha dejado mucho que desear la actuación del mismo Poder Judicial, que se la pasan consultando cómo deben fallar para que el Presidente no se enoje y que dejaron avanzar tanto a los otros poderes que ahora ya no los pueden frenar. Sí, frenar. El Presidente Kirchner se ofende cuando algunos jueces –muy pocos- le paran, a veces, un poco el carro. Dice, impunemente, que el otro Poder, parte de la República igual que él, es una corporación. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad? ¿O no podría decir el Poder Judicial que el Poder Ejecutivo, de la mano de una infinidad de negocios privados controlados -si no adueñados-, o el Poder Legislativo, cerrado hacia adentro hace 30 años, no son una verdadera corporación?. Pero no es el caso. La idea, precisamente, es que un poder contrapese (frene) el avance de alguno de los otros dos.
En fin, lo cierto es que hoy estamos no ya ante una caso abstracto, de discusión de gabinete, si no frente a una conducta concreta que explicita, saca a la luz del día las intenciones que se tuvieron antes y después de la reforma del Consejo, antes y después de la reforma Constitucional de 1994. Esto es, la eterna vocación del Ejecutivo Nacional a controlar a los jueces. Hablo, por supuesto, de la intromisión del Presidente en el caso de la Cámara de Casación, discurso público mediante, seguido de la obra máxima del terror que fueron las declaraciones obsecuentes y sobre actuadas de algunos consejeros y ministros de bigote profuso.
Antes de avanzar, quiero repetir un concepto. Independientemente del sistema elegido, haya o no haya Consejo de la Magistratura, sea cual fuera su composición, la independencia de los jueces no depende de ello, sino de los jueces por un lado y, por el otro, del grado de sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
Avanzo entonces. Si esto es así, ¿cómo es posible que la oposición haga tanto escándalo cuando se reforma el Consejo, situación que es indiferente respecto de la independencia judicial, y se CALLE CRIMINALMENTE la boca ante un caso concreto y palmario de intromisión del Poder Ejecutivo por sobre el Poder Judicial? ¿Es que acaso sólo les importan las formas y cuando la realidad se muestra no dicen NADA? ¿Dónde está el candidato a Presidente Lavagna hablando de esta barbaridad anti-republicana? ¿O es que él hubiera echo lo mismo? Bueno, pensándolo bien, el hombre está digitado nada menos que por el inefable Alfonsín, ya nombrado en este humilde repertorio de ideas livianas.
Aún suponiendo que la oposición hubiera tenido razón en su debate por el Consejo de la Magistratura, ¿cómo no cobran ahora lo que facturaron hace meses? ¿En qué cama están durmiendo, por Dios?.
Compañeros de lucha empecinada, sepan que la única reacción va a venir de nosotros, con unidad, con solidaridad y con organización, como decía un tal Juan Domingo Perón. De estos tarambanas no esperemos mucho.
Un abrazo resistente.
EL EMPECINADO